Última actualización: 16 mar 2012 | 07:27 MSK
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Las manifestaciones de Ocupa Wall Street estallan con nueva fuerza tras la aprobación de una polémica ley que, entre otras cosas, prevé hasta diez años de cárcel por una protesta pacífica. Según los activistas, esta medida amenaza la libertad de expresión.
10 años de cárcel por protestar
El pasado 27 de febrero en EE. UU. el presidente aprobó y firmó la controvertida ley HR 347, bautizada ya por los estadounidenses como 'Goodbye, First Amendment' ('Adiós, Primera Enmienda'). Según la nueva norma, queda prohibido para toda persona cualquier demostración de protesta y la participación en todo tipo de manifestaciones. La ley establece un castigo de hasta 10 años de cárcel para quien a sabiendas entre o permanezca en cualquier edificio o terreno sin la autorización legal del Gobierno. También se puede acabar tras las rejas si otra persona denuncia que se tiene la intención de protestar.
Para acercarse al presidente de EE. UU. o cualquier otro político, una persona común y corriente necesitará un permiso especial. La ley incluye como delito la intención de impedir o perturbar lo que es el desarrollo de las funciones normales del área privada o del Gobierno.
De hecho la HR 347 puede reprimir cualquier protesta en cualquier lugar como, por ejemplo, en eventos deportivos o la próxima reunión del G8 en Camp David, o cuando se desarrollen reuniones bilaterales en Estados Unidos. Según los críticos, la controvertida ley restringe la libertad de expresión y podría ser usada en contra de aquellos manifestantes que el Gobierno determine.
¿Nacimiento de una dictadura?
Con dicha medida el Gobierno de EE. UU. demostró que la protesta contra las elites mundiales o nacionales podría ser castigada por el código federal. ¿No será la respuesta del Gobierno a las protestas de Ocupa Wall Street que tomó una de las plazas de Nueva York en septiembre del pasado año, impulsando un amplio efecto en todo el país?
La HR 347 ha levantado una gran polémica en la sociedad estadounidense. Cientos de miles de personas, que prácticamente sienten que les han callado su voz, protestan contra la ley. Desde el pasado 12 de marzo en la capital estadounidense, Washington, grupos de manifestantes se han reunido para ocupar DC McPherson Square y que esta ley sea inconstitucional. Los participantes de la acción se han tapado la boca con cinta adhesiva para criticar los pasos del Gobierno. Los medios estadounidenses apenas han cubierto el evento.
Para los manifestantes la situación es clara: el proyecto de ley HR 347 no es nada más que una evidente definición de autoritarismo, una flagrante violación y un grave ataque a los derechos otorgados por la Primera Enmienda a todos los ciudadanos de EE. UU.
Los activistas, igual como el analista Carlos Montes, afirman que esta enmienda demuestra la hipocresía de la Casa Blanca, que alaba protestas democráticas en otros países. En cambio, las reprime en el propio territorio de Estados Unidos.
A su vez, el activista Mariano Muñoz cree que este decreto está dirigido contra la creciente actividad política de la población, que se registra en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre.
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